Daily Beast: La elección de Donald Trump para que Christopher Wray fuera el director del FBI, fue el centro de una polémica detención de inmigrantes, en el despertar del 11 de septiembre, cuando decenas de personas fueron llevadas a cárceles de máxima seguridad y fueron mantenidas sin comunicación con sus familias y abogados, a veces durante semanas.
Un informe del organismo de vigilancia del gobierno muestra que Christopher Wray y un asociado del Departamento de Justicia dirigieron al Buró de Prisiones para que los detenidos no tuvieran acceso a los abogados durante el mayor tiempo posible legal establecido, un movimiento que los defensores de las libertades civiles consideraron como preocupante y que arroja una luz sobre cómo el hombre que en su momento dirigió el FBI, considera la relación entre los derechos constitucionales y la seguridad nacional.
El 11 de septiembre del 2001, Wray trabajaba en la oficina del Procurador General Adjunto en el centro de Washington DC. Después de los ataques, los abogados del gobierno se apresuraron a encontrar las medidas que podían adoptar para tratar de prevenir cualquier otro ataque potencial. Uno de los movimientos más controvertidos fue el que llevó a cabo el Servicio de Inmigración y Naturalización (una agencia ahora desaparecida cuyas responsabilidades fueron traspasadas al Departamento de Seguridad Nacional). El INS detuvo a más de 700 personas de las que el FBI sospechaba que podrían haber estado vinculadas a los ataques del 11 de septiembre. Según el informe de vigilancia emitido por el inspector general del Departamento de Justicia en abril del 2003, casi todos eran hombres, principalmente de Pakistán, Egipto, Turquía, Jordania, India y Yemen. Todos ellos habían cometido algún tipo de violación en contra de las leyes de inmigración,
Ese informe señalaba que si esos hombres hubieran sido arrestados sólo por las violaciones a las leyes de inmigración, o bien no habrían sido detenidos en absoluto o hubieran sido puestos en centros de detención de inmigrantes con acceso a visitantes y abogados. En su lugar, sin embargo, fueron puestos en prisiones de máxima seguridad y, al principio, no pudieron comunicarse con sus familias o abogados. Se trataba de un “apagón de comunicaciones”, según el informe. Las familias y los abogados de los detenidos no sabían dónde estaban ni por qué habían sido encerrados.
Y así lo quería Wray.
El director de la Oficina de Prisiones, Kathy Hawk Sawyer, dijo a los investigadores, que Wray y sus colegas le ordenaron que restringiera la comunicación de los detenidos tanto como fuera posible legalmente.
Hawk Sawyer también dijo a la OIG que había mantenido conversaciones con David Laufman y Christopher Wray de la Procuraduría General Adjunta, en la que se le dijo que no tuviera prisa para proporcionar a los detenidos del 11 de septiembre acceso a comunicaciones, incluyendo llamadas o visitas legales y sociales, siempre y cuando la BdP permaneciera dentro de los límites razonables de su discreción legal “, dice el informe.
Con esa aprobación, los funcionarios de la Oficina de Prisiones mantuvieron a los detenidos sin comunicación con el mundo exterior. Algunos de los detenidos estuvieron en el apagón de las comunicaciones durante semanas, incapaces de hablar con sus familias o abogados, incluso no podían enviar o recibir cartas.
Funcionarios de la Oficina de Prisiones le dijeron al inspector general que dejaron que los detenidos enviaran correos para que sus familias pudieran saber dónde estaban detenidos. Pero los investigadores escribieron en el informe que tenían razones para creer que no era cierto.
Algunos de los detenidos fueron detenidos en condiciones tan seguras que los funcionarios de prisiones ni siquiera sabían que estaban allí. Tres abogados fueron a las cárceles donde sus clientes fueron retenidos, sólo para ser informados por el personal que sus clientes no estaban allí, porque el personal realmente creía que no estaban, como resultado de apagón que Wray respaldó.
Esa decisión atrajo críticas ardientes de los defensores de las libertades civiles. En declaraciones judiciales, los abogados del gobierno dijeron que los defensores no necesitaban acceso a los detenidos porque esos detenidos podían comunicarse con sus abogados. Pero, en muchos casos, no podían.
“El gobierno dijo repetidamente a los tribunales a raíz del 11 de septiembre que no era necesario proporcionar acceso público a los detenidos porque los detenidos tenían pleno acceso al mundo exterior”, dijo Lee Gelernt, director del Programa de Acceso a los Tribunales de ACLU , Dijo a The Daily Beast. “Eso resultó ser falso, como reveló la propia investigación interna del Departamento de Justicia”.
Human Rights Watch criticó las detenciones del 11-S porque según ellos, estaban violando los ” derechos constitucionales y humanos fundamentales de los detenidos”, incluido el derecho a “tener pronto acceso a un abogado”.
Pero otros defienden el procedimiento, incluyendo a Juliette Kayyem, una funcionaria del DHS durante la presidencia de Obama.
“Al Leer los derechos limitados de estos detenidos teniendo en cuenta las consecuencias posteriores al 11 de septiembre, no me parece algo ajeno a la norma legal general”, dijo a The Daily Beast. “Obviamente la gente era crítica de eso, pero yo conocía ese mundo, y de todas las extremidades que estaban ocurriendo en el mundo posterior al 11 de septiembre, esto no me parece el Top 10, o incluso fuera de la norma”.
Eso no es una opinión de consenso. Karen Greenberg, que dirige el Centro de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham, dijo que el apagón de las comunicaciones violaba los derechos de los detenidos.
“¿Es habitual?”, Dijo. “No. No es habitual, no es lícito. Pero la ley fue redefinida de muchas maneras, al menos en términos de práctica, o suspendida, que es lo que yo diría cuando se trataba de la Guerra contra el Terror “.
Fuente: Daily Beast
